Asociaciones ecologistas consideran clave su testimonio en una vista histórica en la que el Mar Menor ejercía por primera vez como víctima y acusación
La ausencia justificada del perito principal aplaza sin fecha el juicio por contaminación al Mar Menor en Cartagena. Miembros de asociaciones ecologistas se han concentrado a las puertas del Palacio de Justicia expectantes ante una vista que se presumía histórica.
Era la primera vez que el Mar Menor ejercía como víctima y acusación, representado por organizaciones ambientalistas, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción, Pacto por el Mar Menor y Greenpeace, además de varios ayuntamientos, tras la entrada en vigor de la ley de personalidad jurídica.
La imposibilidad de asistir por un accidente del perito principal llevaba al presidente de la sala a suspender la vista nada más comenzar, a petición del fiscal y de la mayoría de acusaciones. Todos coincidían en la importancia de contar con este perito, responsable de los informes que dieron lugar al caso Topillo, pieza principal de la que se derivaba el juicio de hoy, según explica Inés Díez, abogada de Greenpeace.
La vista queda pendiente de un nuevo señalamiento de la Audiencia Provincial, que podría alargarse semanas o meses, quizás hasta septiembre, según algunas estimaciones.
La Fiscalía acusa a las empresas agrícolas Ecosarele y Datelio, así como al administrador único de ambas, de verter más de 160.000 metros cúbicos de salmueras procedentes de desalobradoras ilegales y pide hasta siete años de prisión, multa e indemnización por importe de más de medio millón de euros, tal y como asegura Eduardo Salazar, abogado de la comisión promotora de la ley de personalidad jurídica.
Del caso Topillo contra empresas agrícolas por contaminación al Mar Menor quedan todavía entre 30 y 35 juicios pendientes, incluido el de hoy. En al menos doce se han personado organizaciones ambientales representando al ecosistema.
Todas las vistas se celebrarán en la sala de la Audiencia en Cartagena, salvo la que imputa al exconsejero de Agricultura del PP, Antonio Cerdá, y al comisario de Aguas, Manuel Aldeguer.
Las acusaciones particulares esperan que finalmente haya sentencia y condena.
