El médico, que ha denunciado y solicitado una orden de alejamiento, recibió una amenaza de muerte por parte de un paciente
Nueva protesta del personal sanitario en la Región de Murcia para exigir medidas urgentes contra las agresiones en las consultas. Decenas de profesionales se han concentrado este lunes a las puertas del Centro de Salud de La Alberca en apoyo a un compañero del consultorio de Santo Ángel, que denunció el pasado 2 noviembre ante la Policía Nacional y solicitó una orden de alejamiento por temor a que el paciente, que le dijo que lo iba a matar, cumpliera sus amenazas.
La concentración, respaldada por el Observatorio contra la Violencia a Sanitarios, integrado por el Colegio de Médicos y el Sindicato Médico, surge a raíz de la última agresión denunciada en la pedanía murciana de Santo Ángel. Los convocantes advierten que los ataques físicos y verbales han dejado de ser hechos aislados para convertirse en un problema estructural que genera miedo e indefensión en las consultas. Juan Carlos Martínez, coordinador y médico del centro de salud de La Alberca.
El Observatorio contra la Violencia a Sanitarios reclaman el refuerzo de las medidas de seguridad y los protocolos de actuación frente a agresiones con la incorporación de vigilantes de seguridad en todos los centros.
Los médicos recuerdan que los casos que salen a la luz son apenas la punta del iceberg de una escalada de violencia motivada, en la mayoría de ocasiones, por desacuerdos con el criterio clínico, la prescripción de medicamentos o la emisión de partes de baja. Por ello, animan a todos los trabajadores afectados a denunciar y acudir al Observatorio para recibir asesoramiento. Un informe de colectivo desvela que en los últimos 7 días se han registrado 16 episodios violentos contra facultativos en la Región, 14 contra mujeres.
Aunque los sanitarios valoran la reciente puesta en marcha de la ley autonómica contra las agresiones a sanitarios, exigen a la Consejería de Salud que pase de las palabras a los hechos y haga efectivas las sanciones previstas.
El pasado mes de junio entró en vigor la ley que sanciona las agresiones a los profesionales sanitarios que pueden ascender a 30.000 euros.