Los socialistas solicitan nuevas declaraciones y exigen responsabilidades políticas mientras el Gobierno regional defiende su actuación y niega irregularidades sanitarias
El PSRM-PSOE ha solicitado al juzgado un informe de la UDEF sobre todas las prótesis vasculares implantadas en la Región de Murcia desde 2018, tanto en la sanidad pública como en la privada, en el marco de la investigación sobre la conocida como trama de las prótesis. Además, el grupo socialista ha pedido que declaren la consejera de Salud y los responsables del Servicio Murciano de Salud con competencias durante el periodo investigado.
La portavoz socialista, Isabel Gadea, sostiene que aún se desconoce el alcance real del caso y advierte de la posibilidad de que se hayan implantado prótesis caducadas o material no homologado. Por ello, el PSRM reclama explicaciones, responsabilidades políticas y ha exigido al presidente regional, Fernando López Miras, que pida perdón y presente su dimisión.
Por su parte, la Fiscalía habría solicitado al Gobierno regional toda la documentación relacionada con la investigación, aunque el Ejecutivo autonómico solo habría remitido información correspondiente a 30 pacientes, alrededor del 8% del total de 378 casos potencialmente afectados, según denuncia Podemos. La formación morada considera insuficiente la colaboración del Gobierno regional y ha anunciado que pedirá en la Asamblea Regional la apertura de una investigación independiente.
La diputada de Podemos, María Marín, ha señalado además la existencia de un informe del Servicio Murciano de Salud de febrero de 2026 en el que figurarían al menos dos historiales clínicos con implantación de prótesis caducadas. Marín sostiene que no se trata solo de un caso de corrupción económica, sino de un asunto que podría afectar directamente a la salud de la población, y reclama una revisión completa de todos los pacientes operados.
Desde la Consejería de Salud, su responsable, Isabel Ayala, mantiene que se trata de un supuesto fraude económico sin impacto en la salud de los ciudadanos. La consejera niega que existan indicios de la implantación de material caducado o de implicación política en el caso, y acusa al PSOE de intentar desviar la atención de sus propios casos de corrupción.
