El PP sí ha apoyado el Real Decreto Ley para ampliar la financiación estatal de dependencia en 6.200 millos de euros adicionales para distribuir entre las comunidades autónomas
El Congreso ha aprobado este martes por mayoría, con el rechazo de Vox y la abstención del PP, la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, que contempla una ampliación de derechos, servicios y prestaciones, y que garantiza por ley que el Estado asuma el 50 % de la financiación del sistema de dependencia.
Con 179 votos a favor, 33 en contra y 137 abstenciones, el texto que reforma ambas leyes ha salido adelante para su remisión al Senado, además de la aprobación del decreto ley para ampliar la financiación estatal de dependencia en 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027 para distribuir entre las comunidades autónomas, que este sí ha contado con el apoyo del PP.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha destacado que esta reforma supone "una transformación profunda" del sistema, para responder a las necesidades tanto de quienes reciben cuidados como de los que los prestan poniendo su autonomía.
Bustinduy ha celebrado que estas modificaciones legislativas llegan junto a la ampliación de la financiación del sistema, que duplica las cuantías que el Estado abona cada mes a las comunidades autónomas, y el cual se blinda por ley para que la inversión estatal en dependencia alcance el 50% del total.
Con esta reforma, ha subrayado el ministro, se avanza en un nuevo modelo de atención que deje atrás "las macroresidencias" y la mirada "asistencialista", y priorice en una atención más personalizada.
Entre las principales novedades, se eliminan incompatibilidades entre prestaciones, se extiende el servicio de asistencia personal más allá del entorno domiciliario (como acompañar al usuario a hacer la compra o ir al médico), y se reconoce como cuidador a otras personas que no sean estrictamente familiares.
En cuanto a las modificaciones relativas a discapacidad, establece la accesibilidad universal como un derecho, garantiza que puedan recibir diferentes prestaciones, incorpora expresamente el derecho a la autonomía personal y desarrolla el nuevo artículo 49 de la Constitución.
Además, se elimina burocracia al reconocer un 33 % de discapacidad a las personas a las que se les asigne un grado I de dependencia, y a las que obtengan un grado II o III podrán ser reconocidas con el 65 % de discapacidad, con el fin de agilizar procesos administrativos y reducir listas de espera.
Ante los representantes de las entidades del tercer sector presentes en el hemiciclo, el texto ha recibido el apoyo de los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, pese a que han criticado que no es suficientemente ambiciosa.
El PP ha dicho que a la reforma le falta un "soporte económico", y el diputado Enrique Belda ha apuntado que el gasto en cuidados de larga duración se duplicará en 2050 y habrá un deterioro de las finanzas públicas a partir de 2035 por el envejecimiento de la población.
"Pretenden con nosotros un acto de fe que, desde luego, no van a conseguir, pero seguimos con la mano tendida", ha puntualizado.
Desde Vox, el diputado Juan José Aizcorbe ha incidido en que es una norma que genera falsas expectativas y posibles "frustraciones" ya que no está garantizado el pago, y ha advertido de que "serán las comunidades las que deberán asumir esas obligaciones".
Junts, ERC, PNV y EH Bildu han votado a favor tras haberse respetado las competencias autonómicas pero han advertido de que estarán vigilantes para que se cumpla estrictamente con el incremento de la financiación.
Mientras la diputada de Junts Pilar Calvo ha valorado que se reduzcan las listas de espera de miles de catalanes que estaban esperando una prestación y ha recalcado la reducción del copago al 5% en Cataluña, desde ERC, Jordi Salvador ha recordado que "una persona cada 17 minutos ha muerto esperando esta ayuda mientras se tramitaba la reforma".
La diputada del PNV Maribel Vaquero ha lamentado que no se haya creado un fondo de financiación cuya gestión cuente con la participación de las comunidades autónomas, y ha remarcado la necesidad de situar los cuidados en el centro de las políticas públicas.
EH Bildu ha destacado el plazo de 3 meses para valorar la situación de dependencia: "Una cuestión de justicia y dignidad", ha dicho la diputada Isabel Pozueta.
Y desde el Grupo Mixto, mientras la diputada de Compromís Águeda Micó ha denunciado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se haya ausentado del pleno y sin embargo critique el absentismo laboral, Podemos ha puesto el acento en que los dependientes puedan vivir en los entornos que desean y se dignifique a las cuidadoras.
Por su parte, la diputada de Sumar Júlia Boada ha recordado que ahora toca a las comunidades autónomas cristalizar esta financiación para mejorar las condiciones salariales de las cuidadoras, con "nuevas licitaciones, nuevos conciertos, más ratios", mientras que la socialista Margarita Martín ha incidido en que esta ley habla de "mejorar la vida de las personas".
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha subrayado que la aprobación de la nueva Ley de Discapacidad y Dependencia planteada por el Gobierno de España debería servir para atender a las 15.150 personas que hay en las listas de espera de ayudas a la dependencia de la Región de Murcia.
El presidente de este colectivo, José Manuel Ramírez, ha subrayado que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene el mayor porcentaje de lista de espera de España, por lo que debe de aprovechar la financiación que aporta el Estado, pero también es necesaria la financiación del ejecutivo regional.
Ramirez explica que en el momento que se aplique la nueva legislación nacional por parte del Gobierno Regional debería de haber una simplificación de los trámites administrativos, aunque teme que se pueda reducir la financiación regional como ya ocurrió en el pasado.
El responsable de esta asociación subraya algunas de las mejoras que contempla la nueva legislación planteada por el Gobierno de la Nación, como que aquellas personas que tengan algún grado de dependencia directamente obtendrá un grado de discapacidad y se hacen compatibles las prestaciones y servicios entre sí.
El Gobierno regional ha exigido al Ejecutivo nacional responsabilidad y garantías: "No cuestionamos que se amplíen derechos, y estamos de acuerdo en impulsar una reforma que persigue ese objetivo, pero el Gobierno central debe explicar cuánto cuestan, cómo se financiarán y garantizar su sostenibilidad futura".
Desde la Región de Murcia consideran que el Gobierno central utiliza el RD 17/2026 para justificar la financiación aplicada a la reforma, pero ese decreto solo contempla recursos para 2026, no explica cómo se financiarán las nuevas obligaciones y prestaciones el próximo año, tampoco a medio y largo plazo.
San Esteban recuerda la "deuda acumulada del Estado en materia de dependencia". Explican que solo a la Región de Murcia le debe más de 600 millones de euros desde 2018, por eso es necesario que el Gobierno central explique cómo asumirá el gasto al que se compromete.
