Colectivos saharauis denuncian exclusión del proceso mientras el Ejecutivo defiende su situación legal y promete avances en la nacionalidad
El Ministerio de Inclusión ha recibido 13.500 solicitudes para la regularización extraordinaria de migrantes por vía telemática en las primeras 24 horas de plazo abierto para realizar las peticiones, solo disponible de momento por vía online. Además, se han formalizado y confirmado más de 19.600 citas previas para las personas que acudirán, a partir del próximo lunes 20 de abril, a uno de los puntos habilitados para hacer su solicitud en persona
El Gobierno prevé dar permiso de residencia y trabajo a alrededor de medio millón de migrantes, pero hay un colectivo que ha denunciado su exclusión de este proceso: el de los ciudadanos de origen saharaui que viven en España como solicitantes del estatuto de apátrida, una figura que ha quedado fuera de la regularización.
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El Gobierno defiende esta exclusión alegando que los apátridas ya tienen un procedimiento específico que les protege, pero los colectivos saharauis recuerdan que ese proceso les deja hasta 3 años sin poder trabajar, sin asistencia sanitaria o sin poder salir de territorio español. Critican que las personas que solicitan protección internacional incluso están más protegidos que los apátridas.
La ministra de Sanidad, Mónica García, asegura que el Gobierno va a trabajar para desbloquear la ley de nacionalidad para los saharauis con el fin de garantizar su regularización.
La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha exigido a la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia la dotación “inmediata” de recursos humanos y materiales ante el inicio del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes impulsado por el Gobierno de España, una medida que, según ha denunciado, se ha aprobado sin planificación ni financiación suficiente para las entidades locales. Por su parte, inmigrantes en este proceso consultados por Onda Regional han expresado lo difícil que les está resultando el proceso.
Patricia Fernández ha advertido de que este proceso supone trasladar de facto a los ayuntamientos la gestión inicial de la regularización, al convertir servicios municipales como el padrón en un requisito imprescindible. Señala que el Ayuntamiento de Archena se enfrenta a un incremento notable de la carga administrativa derivada de una decisión del Estado que no ha venido acompañada de los recursos necesarios. Además, la alcaldesa ha insistido en una de las principales contradicciones del proceso, al señalar que se plantea un procedimiento fundamentalmente telemático dirigido a personas que, en muchos casos, carecen de acceso a medios digitales o sistemas de identificación electrónica.
Entre tanto, los Servicios Sociales de varios municipios, entre ellos el de la ciudad de Cieza, comienzan a colapsarse a pesar de que el proceso de asesoramiento no comenzará hasta el próximo lunes día 20. Algunos de estos inmigrantes sin papeles contaban a Onda Regional lo difícil que está resultando la regularización.
El Partido Popular en la Región de Murcia exige medidas para paliar las consecuencias derivadas de la política de regularización de inmigrantes. Ante la falta de una comunicación clara por parte del delegado de gobierno en la Región de Murcia, el PP denuncia las largas colas y teléfonos saturados que tienen los alcaldes de los municipios de Murcia.
Se ha convocado así un comité el próximo lunes con Francisco Lucas, delegado de Pedro Sánchez en la Región, con el fin de paliar lo que Víctor López, alcalde de Ulea, califica como una situación límite.
