La Federación de Municipios pide una reunión con Delegación del Gobierno para que los ayuntamientos sepan cómo tramitar el certificado de vulnerabilidad requerido en el proceso de regularización
El Ministerio de Inclusión ha recibido 13.500 solicitudes para la regularización extraordinaria de migrantes por vía telemática en las primeras 24 horas de plazo abierto para realizar las peticiones, solo disponible de momento por vía online. Además, se han formalizado y confirmado más de 19.600 citas previas para las personas que acudirán, a partir del próximo lunes 20 de abril, a uno de los puntos habilitados para hacer su solicitud en persona
El Gobierno prevé dar permiso de residencia y trabajo a alrededor de medio millón de migrantes, pero hay un colectivo que ha denunciado su exclusión de este proceso: el de los ciudadanos de origen saharaui que viven en España como solicitantes del estatuto de apátrida, una figura que ha quedado fuera de la regularización.
Omar Brahim, delegado Saharaui en la Región de Murcia, dice que se trata de una discriminación y un guiño por parte del Gobierno español a Marruecos
El Gobierno defiende esta exclusión alegando que los apátridas ya tienen un procedimiento específico que les protege, pero los colectivos saharauis recuerdan que ese proceso les deja hasta 3 años sin poder trabajar, sin asistencia sanitaria o sin poder salir de territorio español. Critican que las personas que solicitan protección internacional incluso están más protegidos que los apátridas.
La ministra de Sanidad, Mónica García, asegura que el Gobierno va a trabajar para desbloquear la ley de nacionalidad para los saharauis con el fin de garantizar su regularización.
La Federación de Municipios de la Región de Murcia ha solicitado una reunión con la delegación del Gobierno para que los trabajadores sociales de los 45 ayuntamientos conozcan el formato del certificado de vulnerabilidad que el Gobierno de España requiere en el proceso de regularización de personas migrantes.
El presidente de este organismo, Víctor Manuel López, explica que la mayoría de municipios de la Región han decidido esperar al miércoles para iniciar con las citas de los trabajadores sociales para emitir estos informes cada 15 o 20 minutos, ya que -al contrario de lo que ha ocurrido en otras Comunidades Autónomas- en la Región de Murcia la Delegación del Gobierno no ha formado al personal de los ayuntamiento sobre este proceso.
López ha indicado que la Delegación del Gobierno debería de haber previsto también el incremento de personal y ordenadores para que los Ayuntamientos pudieran compatibilizar la demanda de las personas que quieren solicitar su regularización extraordinaria junto con otras que necesitan informes para cuestiones habituales con sobre discapacidad o riesgo de inclusión.
No obstante, el presidente de la Federación de Municipios de la Región y alcalde de Ulea por el Partido Popular considera que "todos estamos de acuerdo" en que la necesidad de esta regularización
La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha exigido a la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia la dotación “inmediata” de recursos humanos y materiales ante el inicio del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes impulsado por el Gobierno de España, una medida que, según ha denunciado, se ha aprobado sin planificación ni financiación suficiente para las entidades locales. Por su parte, inmigrantes en este proceso consultados por Onda Regional han expresado lo difícil que les está resultando el proceso.
Patricia Fernández ha advertido de que este proceso supone trasladar de facto a los ayuntamientos la gestión inicial de la regularización, al convertir servicios municipales como el padrón en un requisito imprescindible. Señala que el Ayuntamiento de Archena se enfrenta a un incremento notable de la carga administrativa derivada de una decisión del Estado que no ha venido acompañada de los recursos necesarios. Además, la alcaldesa ha insistido en una de las principales contradicciones del proceso, al señalar que se plantea un procedimiento fundamentalmente telemático dirigido a personas que, en muchos casos, carecen de acceso a medios digitales o sistemas de identificación electrónica.
Entre tanto, los Servicios Sociales de varios municipios, entre ellos el de la ciudad de Cieza, comienzan a colapsarse a pesar de que el proceso de asesoramiento no comenzará hasta el próximo lunes día 20. Algunos de estos inmigrantes sin papeles contaban a Onda Regional lo difícil que está resultando la regularización.
El Partido Popular en la Región de Murcia exige medidas para paliar las consecuencias derivadas de la política de regularización de inmigrantes. Ante la falta de una comunicación clara por parte del delegado de gobierno en la Región de Murcia, el PP denuncia las largas colas y teléfonos saturados que tienen los alcaldes de los municipios de Murcia.
Se ha convocado así un comité el próximo lunes con Francisco Lucas, delegado de Pedro Sánchez en la Región, con el fin de paliar lo que Víctor López, alcalde de Ulea, califica como una situación límite.
Los responsables socialistas regionales señalan que la Delegación del Gobierno ha transmitido las instrucciones a todos los ayuntamientos con la máxima transparencia.
La portavoz del grupo parlamentario socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, y las administraciones tienen la obligación de colaborar".
Fernández responde al portavoz del PP en la asamblea por lo que califica de "hipocresía del Partido Popular porque Aznar también realizó varias regularizaciones similares" y ahora el PP "está compitiendo con voz en el discurso del odio y la xenofobia".
