La laguna salada se convierte en el primer ecosistema de Europa con personalidad jurídica propia en intervenir en un juicio penal por delitos medioambientales
El Mar Menor vivirá este miércoles un momento histórico al convertirse en el primer ecosistema de Europa que comparece ante un tribunal penal ejerciendo su propia personalidad jurídica como víctima y acusación particular.
Este precedente judicial será posible gracias a la Ley 19/2022, una normativa pionera que reconoce a la laguna salada como sujeto de derechos y le otorga capacidad jurídica para defenderse ante los tribunales.
La vista oral tendrá lugar en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, donde será juzgado un empresario agrícola para quien la Fiscalía solicita 7 años de prisión por un presunto delito contra el medio ambiente.
El acusado está investigado por la supuesta explotación de desaladoras clandestinas cuyos vertidos de salmueras y nitratos habrían contribuido al “deterioro irreversible y catastrófico” del ecosistema del Mar Menor.
Según el escrito de calificación fiscal, los hechos se remontan al periodo comprendido entre 2015 y 2017. Durante esos años, el procesado, administrador de dos empresas mercantiles, explotaba unas 16 hectáreas agrícolas en el Campo de Cartagena utilizando maquinaria de desalobración sin autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).
La investigación, desarrollada por el Seprona de la Guardia Civil y agentes medioambientales, concluyó que el rechazo generado por las desaladoras —cargado de sustancias contaminantes— era vertido directamente al subsuelo, alcanzando finalmente la laguna.
Los informes periciales estiman que se generaron 162.345 metros cúbicos de rechazo con una concentración de 168 miligramos de nitratos por litro, provocando un daño considerado “sustancial” para los sistemas naturales del entorno.
La Fiscalía sostiene además que el empresario actuó con “plena conciencia” de la ilegalidad de su actividad y del grave riesgo que suponía para el equilibrio ecológico de la zona.
El perjuicio económico causado al medio ambiente ha sido valorado en 506.137,44 euros. Además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicita una multa de 30 meses con cuota diaria de 10 euros, así como la inhabilitación durante 4 años para ejercer como administrador o gerente de empresas agrícolas.
Asimismo, reclama una indemnización de 506.137,44 euros a favor del Estado por los daños ocasionados al dominio público y al ecosistema del Mar Menor.
