El Ejecutivo de López Miras, al igual que los de otras comunidades del PP, sostiene que el real Decreto vulnera el principio de autonomía financiera
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite el recurso presentado por la Comunidad Autónoma de Murcia contra el proceso de regularización de migrantes aprobado por el Gobierno central.
En una diligencia notificada este lunes el Alto Tribunal tiene por interpuesto el recurso del Gobierno regional contra el Real Decreto que regula ese proceso de integración social de aquellos migrantes que se encuentran en situación irregular en España.
La Sala ha acordado también dirigirse al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para que “en el improrrogable plazo de veinte días” le remita el expediente administrativo correspondiente.
El Gobierno murciano, al igual que los de otras comunidades del PP, sostiene que el real Decreto vulnera el principio de autonomía financiera y considera, además, que el gobierno de la nación la aprobó sin dar participación a las comunidades autónomas y sin garantizar la financiación que será precisa para atender las necesidades surgidas de esa regularización.
El proceso, al que ya se han acogido más de 900.000 migrantes, finaliza el 30 de junio próximo, aunque hay organizaciones que han pedido la ampliación de ese plazo.
