El expresidente regional también deberá cumplir 17 años y 3 meses de inhabilitación y pagar una multa de 3.600 euros por dos delitos de prevaricación
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 3 años de prisión, 17 años y 3 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público y multa de 3.600 euros al expresidente de la Región de Murcia y exalcalde de Puerto Lumbreras Pedro Antonio Sánchez López, por dos delitos de prevaricación, uno de ellos en concurso con un delito de falsedad documental, en relación con el proyecto de un auditorio en esta localidad.
El Supremo desestima el recurso presentado por Sánchez López contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, de marzo de 2023.
Los hechos probados recogen diversas irregularidades en el proyecto de construcción del teatro-auditorio, iniciado en 2005 y para el que se solicitó una subvención de 6 millones de euros a la Comunidad Autónoma.
Según la sentencia, el entonces alcalde encargó verbalmente y sin expediente de contratación a un arquitecto la redacción de un proyecto para solicitar la subvención. El anteproyecto y el proyecto básico no fueron registrados en el Ayuntamiento ni visados por el Colegio de Arquitectos.
Pedro Antonio Sánchez en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Murcia en septiembre de 2022 negó que existiera un encargo.
Además, Sánchez comunicó a la Comunidad Autónoma que el Ayuntamiento disponía de los terrenos para construir el auditorio porque estaba en trámite un convenio de cesión, algo que, según los hechos probados, no era cierto.
La Comunidad Autónoma abonó al Ayuntamiento 3 millones de euros en diciembre de 2006. Un año después, Sánchez solicitó el pago correspondiente a 2007 pese a que, según el Supremo, no existía proyecto sobre la parcela, ni concurso de proyectos, ni expediente de contratación de la obra, ni se había iniciado su ejecución.
Posteriormente, ante la inviabilidad técnica y económica del proyecto, el arquitecto, Sánchez y la secretaria accidental del Ayuntamiento acordaron elaborar un proyecto modificado que permitiera justificar la inversión y evitar el reintegro de la subvención, aunque la obra quedara inacabada.
En 2009 se elaboró un proyecto de obras complementarias y, posteriormente, se tramitó un concurso de proyectos después de que el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia advirtiera de que ya existía un proyecto sin concurso previo.
Al concurso se presentaron tres proyectos y resultó adjudicatario el mismo arquitecto al que Sánchez había encargado verbalmente el proyecto inicial.
Respecto al delito de falsedad documental, el Supremo rechaza que la intervención de Sánchez en los documentos enviados a la Comunidad Autónoma fuera meramente protocolaria. Considera que, dada la importancia y cuantía del proyecto y su implicación personal, conocía lo que estaba firmando y sabía que lo que se describía no era cierto. En el juicio Sánchez explicó que firmaba confiando en los técnicos.
La sentencia destaca que se trataba de documentos administrativos oficiales destinados a justificar ante la Administración autonómica los requisitos para la concesión y libramiento de fondos públicos.
El Supremo confirma también la condena al arquitecto Martín Lejarraga, a 16 años y 6 meses de inhabilitación especial como cooperador necesario de los delitos de prevaricación. En cuanto a la secretaria accidental del Ayuntamiento, mantiene su condena por cooperación necesaria, aunque concreta el alcance de la pena de inhabilitación a determinadas funciones de Secretaría y asesoramiento jurídico en la Administración Pública.
El Partido Popular de la Región de Murcia muestra su respeto a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proyecto auditorio en Puerto Lumbreras que afecta a Pedro Antonio Sánchez.
Es una resolución que penaliza dos irregularidades de carácter administrativo. Así queda reflejado también en la sentencia previa de la Audiencia Provincial de Murcia donde se constata que el dinero obtenido para construir el auditorio en el municipio se invirtió íntegramente en la obra.
El PP respeta la decisión del Alto Tribunal a diferencia de las campañas de persecución y señalamiento del PSOE cuando las resoluciones judiciales afectan a cargos públicos de su partido o a familiares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Un PSOE que ha dado lugar al Gobierno más corrupto de la democracia con más de 120 imputados entre los que se encuentran la mujer del presidente del Gobierno, el expresidente Zapatero con sus hijas investigados por recibir, presuntamente, comisiones ilegales y el mismo Partido Socialista, bajo sospecha de financiación ilegal, entre otros casos de corrupción.
Desde el año 2023 Pedro Antonio Sánchez no es afiliado del Partido Popular de la Región de Murcia. Durante sus 15 años de actividad pública recibió 19 denuncias del PSOE.
Ginés Ruiz Maciá, abogado de la acusación particular, ejercida por PSOE y Podemos en el caso "auditorio", reivindica que las tesis que defendían hayan sido avaladas por el Supremo. Que se ratifique la sentencia que se obtuvo en primera instancia es motivo de celebración porque, apunta Ruiz, es una demostración de que quien la hace la paga.
Ruiz Maciá añade que esta condena que ratifica el Supremo es una condena a un modelo de gestionar la comunidad por parte del Partido Popular que lleva treinta años arruinando a la región.
Desde Podemos, señalan se queda corta, hablan de un caso muy grave de prevaricación y falsedad documental. La formación exige que la pena se cumpla y que entre en prisión.
La diputada regional del grupo recuerda que es un fraude de seis millones de euros y exige que haya justicia y que se pague desde el propio bolsillo ese importe. Marín asegura que acompañarán a Sánchez a prisión para, según explica, cerciorarse de que no se escapa.
Vox considera que el Partido Popular de la Región de Murcia no puede seguir hablando de ejemplaridad después de que el Tribunal Supremo haya confirmado la condena a tres años de prisión y más de diecisiete años de inhabilitación para Pedro Antonio Sánchez, expresidente de la Región de Murcia, por delitos de prevaricación y falsedad documental.
La formación sostiene que no se trata de un episodio aislado y subraya que la sentencia afecta a quien presidió la Región bajo las mismas siglas que actualmente gobiernan Murcia.
Desde Vox señalan que quienes ocupan actualmente San Esteban son, a su juicio, herederos políticos de aquel PP y reclaman al Partido Popular responsabilidades y explicaciones sobre la condena.
La formación insiste en que la ejemplaridad debe acreditarse con hechos, responsabilidades y explicaciones y anuncia que exigirá al PP de Murcia que las ofrezca.
Vox reclama además que la condena no se presente como un asunto del pasado y asegura que continuará señalando las responsabilidades políticas que, según sostiene, corresponden al Partido Popular.
