Los que acudieron a tribunales internacionales tienen que ser recompensados por el cambio de legislación. Los nacionales no, porque el Supremo falló en su contra.
15.000 inversores murcianos, 62.000 en España, piden que el gobierno central busque mecanismos para compensar el fallo del Supremo que deja sin indemnización a las empresas y particulares que invirtieron en fotovoltaicas. Todos ellos vieron cómo un cambio de legislación les dejaba sin las subvenciones prometidas.
Algo que no ha pasado con los inversores extranjeros que instalaron placas solares en España y que han tenido la opción de acudir a otros órganos de arbitraje internacionales. Un tribunal de Washington ha resuelto que los no nacionales deben ser indemnizados por el cambio de legislación. Así lo consideran desde ANPIER, cuyo presidente, Miguel Ángel Martínez Aroca, lamenta la falta de equidad entre unos y otros.
Este revés judicial para el país se traduce en que si España no paga las indemnizaciones que le reclaman los inversores extranjeros, se pueden empezar a suceder embargos de bienes españoles en otros territorios.
A este problema se suma el agravio comparativo con los inversores nacionales. 15.000 en Murcia, 62.000 en el conjunto de España, exigen a Pedro Sánchez que legisle a su favor para poder recuperar parte de la inversión que hicieron cuando las fotovoltaicas tenían subvención y que no se les dio cuando el gobierno de Mariano Rajoy decidió, con las instalaciones ya puestas, que no iba a subvencionar las energías renovables.
En total España debe desembolsar compensaciones de entre 5.000 y 6.000 euros a los inversores extranjeros. A los nacionales, calculan que se les pueden devolver entre 2.000 y 3.000 euros. Consideran desde ANPIER que se puede y se debe asumir.
