El abogado, José Manuel Muñoz sostiene que la Audiencia Provincial podrá decidir si se investiga la posible responsabilidad del Ayuntamiento de Murcia en este caso
Jairo Correa es el padre de una joven fallecida en los incendios de Atalayas y suegro de su pareja. Ambos perecieron unos minutos después de hablar con su familia para despedirse. Narraban lo que estaba ocurriendo y la imposibilidad de salir de la discoteca mientras el fuego les devoraba. Asegura Jairo que vivir con ese pensamiento es insufrible.
En octubre se cumplirán tres años de la tragedia, pero no es tiempo suficiente para borrar algo así, ni siquiera para sanar. Jairo Correa se siente defraudado por la justicia española por cómo se ha llevado el proceso, que deja fuera la responsabilidad municipal.
Jairo Correa, padre de Lady Paola, lamenta que hayan quedado en el olvido aquellas palabras del difunto alcalde José Ballesta, cuando aseguró que la investigación iba a llegar hasta el final, "caiga quien caiga". El proceso ha demostrado que nadie del Ayuntamiento va a ser juzgado por lo que pasó.
Natural de Colombia, pero arraigado en la Región de Murcia, Jairo Correa insiste en la responsabilidad del Consistorio murciano y reta a los técnicos a que visiten de nuevo las discotecas, porque teme que todavía sigan incumpliendo las normas contra incendios.
El abogado José Manuel Muñoz, que representa a algunas familias de los fallecidos en el incendio de las discotecas de Atalayas, considera incomprensible que la jueza no haya querido investigar al Ayuntamiento de Murcia. El caso pasa ahora a la Audiencia Provincial, que sí podrá decidir si se abre una investigación por la responsabilidad del Ayuntamiento en esas muertes.
Para Muñoz queda claro que la Administración es la responsable final de que las discotecas cumpliesen con la legalidad en materia de seguridad y de control de las instalaciones eléctricas, entre otras cuestiones. Sin embargo, sostiene que la jueza que lleva el caso ha excluido al Ayuntamiento de una manera que levanta ciertas sospechas.
Con la apertura del juicio oral, el proceso seguirá su trámite en la Audiencia Provincial, instancia que sí tiene potestad para abrir una investigación al Ayuntamiento de Murcia, explica Muñoz.
