El expresidente del Gobierno deberá declarar el 2 de junio por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad
El Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado como imputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales relacionadas con el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
La comparecencia judicial está fijada para el próximo 2 de junio, en una investigación en la que se le atribuyen presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
Según fuentes jurídicas, agentes están registrando en estos momentos la oficina del exjefe del Ejecutivo y otras tres sedes mercantiles vinculadas a la investigación.
Se trata de la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno español resulta imputado por la Justicia.
La decisión ha sido adoptada por el magistrado José Luis Calama, quien asumió el pasado mes de marzo la competencia de esta causa y prorrogó la instrucción hasta el próximo 28 de mayo.
La investigación se centra en el rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra durante la pandemia. En 2024, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detectaron indicios de que parte de esos fondos podrían haber sido utilizados para presuntamente blanquear dinero procedente de la corrupción venezolana.
Inicialmente, el caso fue investigado por un juzgado de Madrid, que terminó archivando la causa con el aval de la Audiencia Provincial. Sin embargo, la investigación fue reabierta posteriormente a petición de Anticorrupción y remitida a la Audiencia Nacional.
Tras más de un año de pesquisas, en diciembre de 2025 fueron detenidos el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el consejero delegado Roberto Roselli; un abogado y el empresario Javier Martínez Martínez, aunque todos quedaron posteriormente en libertad.
Durante aquella operación, agentes de la UDEF registraron las oficinas centrales de la compañía aérea para recopilar documentación fiscal y societaria. El análisis de ese material llevó a la magistrada instructora a considerar que la trama podría tener “ramificaciones mayores” de las contempladas inicialmente en la querella.
