La Comisionada de Transparencia tramitó 219 reclamaciones, la mayoría contra ayuntamientos y la Administración autonómica. Más de la mitad de las resoluciones fueron favorables a los ciudadanos y propone una reforma
La Comisionada de Transparencia de la Región registró 219 reclamaciones en 2025, lo que representa un aumento del 71% respecto a las reclamaciones recibidas en esta materia por el organismo que la antecedió.
El volumen de quejas se divide casi a partes iguales entre entidades locales y administración autonómica, siendo los ayuntamientos de Murcia, Cartagena y Molina de Segura y las Consejerías de Educación, el Servicio Murciano de Salud, la Consejería de Fomento, la de Medio Ambiente y la de Economía y Hacienda las que más reclamaciones reportan.
De las 209 resoluciones dictadas por la Comisionada, 150 fueron favorables al ciudadano y en la mitad de los casos por silencio, las administraciones entregaron la documentación solo tras recibir el requerimiento de la Comisionada. Sánchez detalla las materias a las que se referían las reclamaciones que han llegado hasta este organismo una vez que las administraciones locales o regionales no facilitaron la información.
Natalia Sánchez propone una reforma legislativa que quite el poder resolutorio a la Comisión colegiada, integrada mayoritariamente por cargos vinculados al propio Gobierno regional, para otorgar la competencia directamente al comisionado, organismo que, según denuncia, ha sufrido un recorte de medios.
La comisionada para la Transparencia de la Región de Murcia, Natalia Sánchez, ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo después de que fuera inadmitido, por extemporáneo, el recurso que interpuso contra la resolución de la Comunidad Autónoma que rechazó sus reclamaciones salariales.
Sánchez sostiene que se han vulnerado sus derechos fundamentales y reclama el abono de los salarios correspondientes al periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2024, una cantidad cercana a los 16.000 euros, además de los intereses legales.
La demanda incluye también una solicitud de 6.000 euros en concepto de daños morales y el reconocimiento de una mayor cotización a la Seguridad Social por ese mismo periodo.
Paralelamente, la comisionada ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial tanto contra la Asamblea Regional como contra el Gobierno autonómico, al considerar que ambas instituciones son responsables de los perjuicios sufridos.
