Isabel Ayala reconoce, en una comparecencia en la Asamblea Regional. posibles irregularidades en la compra y facturación de material sanitario, pero insiste en que ningún paciente recibió dispositivos caducados
La consejera de Salud limita el caso de las prótesis caducadas que investiga un juzgado de Murcia a un fraude económico, reconoce posibles irregularidades en compras y facturación y vuelve a asegurar que no hay ningún paciente al que se le haya implantado uno de estos dispositivos.
Isabel Ayala ha comparecido esta mañana en la Asamblea Regional a petición del grupo socialista para hablar de la trama que investiga la UDEF con 13 imputados, entre ellos un comercial de una empresa, facultativos y jefes del Servicio Murciano de Salud, cuyo coste se estima inicialmente en siete millones de euros. Ayala reiteraba los argumentos que ha venido manejando la cúpula de la consejería desde que se destapó el caso. La consejera reconoce irregularidades en la posible manipulación de partes quirúrgicos para ampliar la facturación.
La titular de Salud, que era gerente del Servicio Murciano de Salud en los años que se investigan, recordaba que los funcionarios implicados han sido retirados de sus cargos y sancionados.
En su primera intervención ante el pleno, la consejera acusaba a la oposición de crear alarmas innecesarias y aseguraba que todos los productos que se utilizan en los hospitales murcianos están autorizados y homologados técnicamente.
El PSOE acusa a la consejera de mentir y le recuerda que durante los años investigados en la trama de las prótesis era la máxima responsable de las compras como gerente del Servicio Murciano de Salud. Soledad Sánchez, diputada socialista, cita el informe de la UDEF e implica en las supuestas irregularidades al actual consejero de Fomento, Jorge García Montoro, que aparece en correos electrónicos incluidos en el sumario.
El secretario general del PSRM-PSOE y delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, exige la dimisión de la consejera de Salud, Isabel Ayala, que pida perdón a los pacientes y ciudadanos, y que solicite voluntariamente su comparecencia ante el juzgado. También ha criticado al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, por haber nombrado consejera a quien anteriormente fue gerente del Servicio Murciano de Salud.
El diputado regional de Vox, Ignacio Arcas, acusaba al presidente Fernando López Miras de estar rodeado por una "podredumbre" política y cuestionaba la gestión del Ejecutivo autonómico ante la investigación policial.
Desde Podemos, su portavoz María Marín apunta a la consejera como máxima responsable política de la presunta trama corrupta y le recuerda que las irregularidades se desarrollaron durante quince años, según la investigación policial.
Por su parte, el diputado de Izquierda Unida, José Luis Álvarez Castellanos, pone en duda la transparencia de la que hace gala la consejera y la contradice apoyándose en el contenido del informe policial.
Para el Partido Popular, las explicaciones reclamadas por la oposición responden a un intento de desviar la atención de los casos de corrupción que afectan al PSOE, según ha defendido la diputada Carmen Ruiz.
