El presidente de la Asociación Rumiñahui, Vladimir Pascal, dice que la pobreza les ha hecho volver a las viviendas compartidas causando hacinamiento
El acceso a la vivienda es un problema que afecta de un modo particular la población migrante. El derrumbe esta semana de una casa en Cartagena que una familia de origen marroquí acababa de comprar por 50 mil euros pone el acento en una realidad: la solvencia económica de muchas familias de origen extranjero les aboca a comprar casas en peores condiciones.
El caso de Cartagena es el segundo en cuatro meses en el mismo barrio, el de San Antón. El presidente de la Asociación Rumiñahui, Vladimir Pascal, reconoce que de un tiempo a esta parte los migrantes han vuelto a compartir casas con el consiguiente hacinamiento y riesgo que esto supone para la salud. Cuando comenzó la migración en los años 80 existía un cierto temor entre los murcianos a alquilar sus viviendas. Con el tiempo se superó pero ahora la pobreza les empuja al mismo modelo de vida que para nada les gusta.
Ante casos como el acaecido en Cartagena, Vladimir Pascal urge a las administraciones para que vigilen lasa condiciones de pisos y casas antes de que se vendan ya que es inconcebible que estén en un estado de deterioro tan grande que puede terminar en derrumbe.
