Han expuesto sus puntos de vista en la Asamblea Regional. La fundación Ingenio reclama menos multas y el catedrático de ecologia, Miguel Ángel Esteve que reformen menos y protejan más.
En la reunión de la comisión de Asuntos Generales, los ambientalistas han asegurado que no hay nada que reformar sino cumplir lo aprobado en 2020, mientras al sector agrario la propuesta planteada se queda pequeña.
La presidenta de la Fundación Ingenio, Natalia Corbalán, ha reprochado a los diputados que se siga poniendo el foco en la actividad agrícola, cuando, a su juicio, existe una responsabilidad evidente en las aguas que vierten los aliviaderos de las depuradoras sin el tratamiento adecuado.
Corbalán reclama modificaciones en el régimen sancionador y seguridad jurídica para los agricultores, sin desvirtuar el principio de «quien contamina, paga».
Por su parte, el abogado del Sindicato de Regantes del Campo de Cartagena, Antonio Morte, estima que existe un problema evidente de duplicidad normativa que genera inseguridad jurídica y una sobrecarga administrativa.
La visión del catedrático de Ecología y experto en el Mar Menor, Miguel Ángel Esteve, es completamente opuesta. Esteve ha rechazado que exista duplicidad normativa, al considerar que la legislación nacional establece el mínimo que debe tomarse como punto de partida. Además, ha defendido que la laguna no debe limitarse a mantenerse, sino que necesita recuperarse, por lo que considera necesario aplicar criterios más estrictos.
El catedrático también ha denunciado el retraso en el desarrollo de la normativa regional e incluso su incumplimiento. Por estos motivos, no considera necesarios los cambios propuestos y ha afirmado que él no votaría a favor de la reforma.
En la misma línea se ha pronunciado Pedro García, responsable de Ecologistas en Acción, quien considera que la reforma hará más rentable contaminar. Además, ha advertido de que, mientras se plantea modificar la ley, siguen paralizados otros instrumentos fundamentales, como el Plan de Ordenación Territorial.
