La plataforma impulsora de la ILP estima que entre el 75% y el 80% de los expedientes saldrán adelante, mientras el proceso afronta recursos judiciales y dudas sobre su encaje con la normativa europea
Más de 1,3 millones de personas han solicitado acogerse al proceso de regularización extraordinaria de migrantes, según la plataforma de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que impulsó esta medida en el Congreso en 2024. La cifra de solicitudes ha superado ampliamente las estimaciones iniciales y se calcula que entre el 75 y el 80% de los expedientes serán resueltos. Así lo ha explicado en una entrevista en Onda Regional Jorge Serrano, portavoz de la ILP y de la Fundación para la Ciudadanía Global.
A diferencia de otros procesos de regularización, los solicitantes han podido acreditar otras vías además de la oferta de empleo, como la existencia de menores a cargo, la solicitud de asilo o encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad. Esta última ha sido la más solicitada, según explica Serrano. Un proceso que no está exento de controversia jurídica después de que las comunidades de Madrid, Valencia, Aragón o Murcia lo hayan recurrido ante el Supremo.
Esto ha llevado al Alto Tribunal a plantearse consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la posible compatibilidad del procedimiento con el derecho comunitario. En opinión de Jorge Serrano, este conflicto tiene su origen en la Directiva Europea de Retorno aprobada en 2008 y que España todavía no ha incorporado plenamente a su legislación. Serrano cree que se trata de una directiva imposible de aplicar porque supondría expulsar a miles de personas en situación irregular.
