Vox y PP defienden esta semana en el Pleno del Congreso de los Diputados la "prioridad nacional" que han pactado en el acuerdo autonómico en Extremadura y pedirán excluir de las ayudas a migrantes que se encuentren en situación irregular.

El debate, programado para este martes pero que puede demorarse al miércoles, girará entorno a la moción de Vox, que es consecuencia de la interpelación que dirigió el pasado miércoles su portavoz, Pepa Millán, al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

En la iniciativa original, los de Santiago Abascal piden garantizar la "prioridad nacional" y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles. Así, propone que los ciudadanos españoles tengan preferencia en el acceso a ayudas sociales, vivienda, prestaciones públicas y determinados servicios.

Además, instan a garantizar la "prioridad nacional" en el acceso al sistema público de prestaciones y pensiones públicas, "promoviendo las modificaciones normativas oportunas del sistema de la Seguridad Social para asegurar que las prestaciones y pensiones de naturaleza no contributiva quedan reservadas a los españoles".

En materia migratoria, la moción plantea medidas de carácter restrictivo, como la repatriación de todos los inmigrantes en situación irregular y el establecimiento de mecanismos para impedir procesos de regularización masiva.

En este sentido, el texto también apuesta por derogar el Real Decreto relativo al acceso a la sanidad pública de extranjeros sin residencia legal, y frenar lo que considera una regularización "masiva" de inmigrantes.

Asimismo, Vox plantea limitar el acceso de inmigrantes en situación irregular al sistema sanitario público, restringiéndolo a supuestos de urgencia, emergencia o riesgo vital, y endurecer las condiciones para el acceso a la asistencia jurídica gratuita, teniendo en cuenta no solo los ingresos en España, sino también el patrimonio en el país de origen. Además, propone excluir la asistencia jurídica gratuita en procedimientos relacionados con la expulsión del territorio nacional.

El PP interpreta distinto la "prioridad nacional"

El PP, por su parte, ha registrado una enmienda de modificación a la moción, en la que aboga por desarrollar una política migratoria "clara y responsable" que evite "situaciones de irregularidad" y plantea adaptar "de forma inmediata" la legislación española al nuevo Reglamento Europeo de Retornos aprobado por el Parlamento Europeo en marzo de este año.

Igualmente, llama a promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de "prioridad nacional", que procure "la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

Y es que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado algunas interpretaciones sobre el concepto de "prioridad nacional" para acceder a ayudas públicas, pactado con Vox en Extremadura, y ha querido dejar claro que ese principio se basa en el arraigo y que sólo cabe aplicarse dentro de la legalidad vigente.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Feijóo se ha remitido a lo que figura en el acuerdo firmado y a las palabras de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, en su discurso de investidura.

"Lo importante no es lo que consideramos, sino lo que está firmado y lo que está escrito —ha recalcado—. Y lo que se está firmado, que se está practicando en otras comunidades autónomas de distinto signo, es valorar el tiempo que lleva una persona viviendo en un ayuntamiento, en la comunidad o en el país, siempre de acuerdo con las leyes".

Es lo que el PP explica como "arraigo" o "vecindad", es decir, el tiempo que se lleva viviendo en esa comunidad autónoma, con independencia de la nacionalidad de las personas que están viviendo en España. Y "por si acaso hubiera dudas", según recalca Feijóo, "nunca" se aplicará en contra de las leyes.