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Los abogados de Cartagena alertan del colapso judicial y exigen acelerar la Ciudad de la Justicia

19:54
Hace 1 hora
El decano del Colegio de Abogados, Ángel Méndez, denuncia retrasos de hasta 2028 en procedimientos laborales y critica las nuevas medidas de eficiencia judicial

La falta de infraestructuras judiciales, los retrasos en los procedimientos y las dificultades para aplicar las últimas reformas legales mantienen tensionada la Administración de Justicia en Cartagena. El decano del Colegio de Abogados de Cartagena, Ángel Méndez, ha advertido en una entrevista en Onda Regional de que la situación es estructural y reclama acelerar proyectos pendientes como la futura Ciudad de la Justicia de Santa Lucía.

Méndez asegura que el proyecto judicial sigue pendiente de que el Ministerio acepte definitivamente los terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Cartagena. Aunque recientemente se han corregido los últimos requerimientos técnicos relacionados con los accesos, todavía persisten dudas sobre la contaminación de parte de la parcela. El decano considera que volver a plantear una ubicación alternativa supondría retrasar aún más una infraestructura que, en el mejor de los escenarios, tardaría todavía entre tres y cuatro años en ser una realidad.

La entrevista coincide además con la entrada en vigor de las nuevas medidas de eficiencia judicial impulsadas por el Ministerio de Justicia, especialmente la obligación de intentar acuerdos previos antes de presentar determinadas demandas civiles y mercantiles. Méndez cuestiona que estos mecanismos estén reduciendo realmente la conflictividad y sostiene que, en muchos casos, únicamente retrasan el acceso de los ciudadanos a los juzgados y generan más costes para las partes.

El decano también ha puesto el foco en el deterioro del turno de oficio y en el colapso que arrastran los juzgados de Cartagena. Según explica, actualmente hay procedimientos laborales que ya se están señalando para 2028 y asuntos civiles que tardan hasta dos años en llegar a juicio. A ello se suma el descenso progresivo del número de abogados adscritos a la justicia gratuita y las dificultades materiales que siguen padeciendo profesionales y funcionarios en las sedes judiciales de la ciudad.


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