La investigación apunta a médicos, funcionarios y un comercial sanitario por inflar intervenciones derivadas desde La Arrixaca a una clínica concertada, aunque Sanidad descarta riesgos para los pacientes
Una trama dedicada a defraudar dinero del Servicio Murciano de Salud y no una amenaza sanitaria para los usuarios. Estos dos conceptos vienen a resumir, según fuentes sanitarias, la actividad de una red que consiguió detraer ilegalmente unos 7 millones de euros del erario público mediante la facturación adulterada de implantación de prótesis cardiovasculares, derivadas por el Hospital Virgen de la Arrixaca a un centro concertado de la capital. Según estos testimonios, la trama incluía a dos médicos que ya no ejercen en la sanidad murciana, un agente comercial de productos sanitarios y hasta, al menos, ocho funcionarios de la administración pública.
Su modus operandi era el de inflar las facturaciones que se hacían al Servicio Murciano de Salud en la implantación de prótesis vasculares que se practicaban en dicha clínica por los dos facultativos a los que el comercial les suministraba el material. Una vez practicada la intervención, la factura que se expedía incluía una desorbitada lista de gasto en material que, en ocasiones, llegaba a imputar a un mismo paciente.
La colocación varios stents y otros materiales que no se había empleado realmente. En otra ocasiones, se implantaban esas prótesis con precios fuera del mercado habitual y no homologadas por la cartera de servicios de la Sanidad Murciana. Esta homologación sí consta por parte de la Agencia Europea del Medicamento y otros organismos internacionales de verficación, amén de que llegan a usares en otras comunidades autónomas. En esas facturas llegaron a figurar algunas prótesis caducadas aunque, al figurar varias en el mismo albarán fraudulento, no se puede afirmar que realmente fueran esas las que realmente se implantaron en el paciente.
A este respecto, el Servicio de Cardiología del Hospital Virgen de la Arrixaca abrió una investigación que hasta ahora ha concluido que no se ha implantado material caducado en las cerca de 380 operaciones que ambos facultativos llegaron a practicar antes de que se detectara el fraude. Con todo, se volverá a revisar cada caso en particular aunque hasta la fecha ninguno de esos pacientes ha presentado ninguna complicación.
Una vez recibida la facturación irregular en el Servicio Murciano de Salud, los funcionarios investigados en la trama conseguían que se pagara a determinadas cuentas de la red mediante lo que se califica como un complejo sistema de ingeniería contable e informática que sorteaba los canales habituales. La Comunidad autónoma se ha personado en la causa con el fin de recuperar las cantidades defraudadas, una parte de las cuales, dicen las mismas fuentes, ya ha sido recuperada.
El Partido Socialista, que pide la dimisión de Pedreño y la comparecencia urgente de Fernando López Miras, anuncia que se han personado como acusación popular en la causa.
El secretario general, Francisco Lucas, duda de las palabras del consejero. Considera que la causa es gravísima y que es urgente llegar hasta el final para que los murcianos tengan la certeza de que sus intervenciones han sido seguras. Por ello, pide que el titular de Salud enseñe los informes de las operaciones para que se demuestre, ha dicho, quién está mintiendo.
Ni en la Arrixaca ni en ningún hospital concertado. El consejero de Salud es taxativo a la hora de confirmar que ningún paciente intervenido en la Región de Murcia lleva una válvula o prótesis caducada o no homologada.
Insiste el consejero de Salud en el mensaje de tranquilidad y limita el caso a un fraude económico, alejándolo de una crisis sanitaria. Dice Juan José Pedreño que, tal y como se desprende de la inspección llevada a cabo por el Servicio Murciano de Salud, las válvulas se habrían adquirido, se habrían pagado con sobrecostes, pero que en ningún caso se pusieron a los pacientes intervenidos.
Voz: Francisco Lucas, PSOE; Juan José Pedreño, consejero de Salud.