El vicepresidente regional secunda la posición de Vox a nivel nacional y contribuye a tensar las relaciones con el PP
El miércoles de la próxima semana, todas las Comunidades Autónomas están citadas a participar en una Conferencia Sectorial de Infancia en la que el Gobierno pondrá sobre la mesa su propuesta para reformar la Ley de Extranjería y obligar a las administraciones regionales a acoger a los migrantes menores de edad que ahora saturan la capacidad de acogida de Canarias.
La iniciativa ha tensado las relaciones entre PP y VOX, porque esta última formación ha amenazado con romper los pactos de gobierno que mantiene en comunidades como la Región de Murcia si los populares no se oponen radicalmente a ese reparto.
Ha sido el propio Santiago Abascal quien ha marcado los términos de esa exigencia en una entrevista con los medios de su propio partido. "No vamos a asumir -ha dicho- que el PP pretenda repartir inmigrantes ilegales en aquellos sitios donde estamos gobernando en coalición. Estamos pidiendo que hagan todo lo que esté en su mano para evitar ese reparto... Si no lo hacen, entenderemos que los pactos están rotos".
El vicepresidente regional, José Ángel Antelo, ha hablado hoy en nombre del ejecutivo para asegurar que Murcia no participará en ese reparto. "Este gobierno no va a colaborar con la inmigración ilegal", ha sentenciado el líder de Vox en la Región.
Lo que está en discusión es cómo atender a los 6.000 niños y niñas de origen migrante que han ido llegado a lo largo de los últimos años a Canarias y que saturan los servicios sociales de las islas. El presidente canario, Fernando Clavijo (que gobierna en coalición con el PP) dice que éste es un problema humanitario al que la contaminación política no le hace ningún bien. También recuerda que existen "normas internacionales de reconocimiento del derecho de la infancia que tenemos que cumplir obligadamente".
La clave radica en saber cuál será la posición del PP en el Congreso de los Diputados, porque una reforma de la Ley de Extranjería exigirá una mayoría parlamentaria que los populares asegurarían. La justificación para hacer obligatorio el reparto es más que evidente: el mecanismo voluntario que existe actualmente no ha funcionado nunca. "Llevamos años para que salgan menores de Canarias", señalaba el Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, "en el 24 no llegan a 40 menores, cuando el acuerdo era de cerca de 700".
