La consejera Conchita Ruiz lo anuncia en la Comisión de Estudio de Infancia y Adolescencia de la Asamblea. Los grupos de oposición critican los desencuentros entre PP y VOX a cuenta del reparto de menores migrantes
La cifra de menores en riesgo de pobreza en la Región de Murcia se mantuvo en 2023 entre las más altas del país, aunque la diferencia con otras comunidades se redujo en aspectos como el acceso a un alimentación adecuada. La consejera de Política Social advierte en la Asamblea Regional sobre la obligación de las administraciones de garantizar los derechos de niños y adolescentes.
La cifra de pobreza infantil en la Región superó el año pasado el 38%, cuatro puntos por encima de la media nacional, según datos de la encuesta de condiciones de vida con enfoque de infancia que fija en dos millones los menores y adolescentes en riesgo de exclusión en toda España. La responsable de Política Social, Conchita Ruiz aludía a estos indicadores en su comparecencia ante la Comisión Especial de Estudio de Infancia y Adolescencia de la Asamblea.
Los grupos de oposición en la Asamblea echan en cara a la consejera los desencuentros entre PP y VOX a cuenta del reparto autonómico de menores inmigrantes procedentes de Canarias.
Desde el PSOE, el diputado Miguel Ángel Ortega, calificaba de 'espectáculo bochornoso, inhumano y descorazonador' las declaraciones de dirigentes populares y de VOX, incluida la propia consejera de Política Social, previas y posteriores a la conferencia sectorial de Tenerife para decidir sobre la acogida de niños inmigrantes.
María Marín, de Podemos, aludía también a la ruptura del pacto PP-VOX en la Región y a las manifestaciones de Conchita Ruiz asegurando que no aceptarían más menores no acompañados.
Desde las filas de VOX, el diputado Ignacio Arcas, reprochaba al PP el acuerdo final de reparto autonómico de niños inmigrantes.
El diputado del PP, Carlos Albaladejo también se refería a la crisis regional PP-VOX pero para advertir que no habrá cambios en las políticas de la consejería y recordar los compromisos de España de cumplir con los tratados internacionales de protección a la infancia.
